CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

La estrategia de comercialización de los productos inmobiliarios que promueve PIMESA, así como los servicios públicos que gestiona, implica la realización de determinadas campañas de publicidad específicas que son un soporte promocional.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas, este tipo de publicidad debe tener como finalidad dar a conocer los derechos y servicios a la ciudadanía, además de responsabilidades cívicas y obligaciones legales de la ciudadanía o alertas por emergencias, cumpliendo con el deber de información pública.

Las campañas institucionales se ajustarán siempre a los principios de interés ciudadano, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad y eficiencia.

Principios informadores:

Claramente desmarcada de la propaganda política.
Identificable manifiestamente.
No conducir a conclusiones erróneas.
No incitar, directa o indirectamente, a la violencia ni a comportamientos antisociales.
No promover prácticas peligrosas.
Respeto a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen.
No denigrar, implícita o explícitamente, a ninguna persona o colectivo social, religión, pensamiento o ideología democrática.
Contribución al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.
Respeto a la diversidad social, cultural, étnica, de pensamiento, de identidad u orientación sexual presente en la sociedad.
Contribución a la protección de la infancia y la adolescencia.
Fomento del respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.
Información relevante y objetiva.
Carácter inclusivo y no discriminatorio.

PIMESA publica el coste de las campañas de publicidad y de promoción, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, una vez al año, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación de aplicación en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.