El gerente de PIMESA, Antonio Martínez, ha participado en la Mesa de debate sobre las áreas industriales de la Comunitat Valenciana organizada por la Revista ECONOMÍA 3, junto a Vicente Seguí, director de gestión del Polígono Industrial Las Atalayas y vicepresidente de FEPEVAL; Santiago Folgueral, director de la Oficina de Gestión Industrial de Crevillente (OGIP); Isabel Martínez, gerente de la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales de San Vicente (AEPI) y José María Botella, director de Seguridad de Wincontrol.
El debate estaba motivado por el primer aniversario de la aprobación de la Ley autonómica de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales, un texto pionero a nivel nacional.
PIMESA ha desarrollado una de las áreas industriales consideradas “de excelencia” en la Comunitat Valenciana: Elche Parque Empresarial.
Para el gerente de PIMESA, “la ley es muy buena, pero adolece de falta de realidad. Hay mecanismos de regulación que va a ser imposible poner en marcha”. Entre ellos, citó el hecho de que las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) tengan que constituirse con el 51% de los propietarios del suelo del polígono industrial. “Dudo mucho que ese porcentaje vaya a acudir a votar una cosa que es para pagar. Y, sin embargo, tener una entidad de gestión es crucial”, afirmó Martínez.
Antonio Martínez añadió que es necesario contar con herramientas eficaces para hacer obligatorio el pago de las cuotas como ocurre, por ejemplo, con las comunidades vecinales de propietarios. “Somos muy poco asociativos. Lo de la libre adscripción aquí no funciona”, aseveró. Asimismo, sería necesario también permitir que el voto pueda ser delgado, no necesariamente presencial, para evitar que la falta de aforo reste agilidad y efectividad a la toma de decisiones conjuntas.
Hay que concienciar a los ayuntamientos para que las condiciones de sus polígonos industriales sean dignas para sus empresas y trabajadores.
Para el gerente de PIMESA el deterioro de muchas áreas industriales, ubicadas normalmente en zonas periurbanas, se ha producido porque los ayuntamientos no las han considerado un barrio más en cuanto a la prestación de servicios básicos como la limpieza, el alumbrado, el mantenimiento o la seguridad. “Todo eso no debería ser distinto a un barrio porque los polígonos son una parte más de la ciudad”.
Antonio Martínez planteó durante el debate la necesidad de contar con una legislación urbanística que permita un desarrollo ágil acorde con las necesidades de las empresas. En su opinión, “las decisiones de inversión requieren rapidez y el urbanismo tiene unos plazos que no son acordes con las exigencias de localización empresarial”.